Comité Premium

Muy buenas tardes, soy Ale Costa, y les doy la bienvenida al podcast económico del comité de hoy jueves doce de diciembre. Hoy es el día número setecientos treinta y siete del gobierno de Dina Boluarte. Revisemos las noticias que tienen que conocer hoy. El martes de esta semana, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso entró en un conflicto interno respecto a qué hacer con un proyecto de ley elaborado por congresistas de Perú Libre, que lo que buscaban era, entre otras cosas, evitar que los aportes a los sistemas de pensiones sean de manera obligatoria y realizaba una serie de cambios que iban en contra del espíritu de la reforma del sistema de pensiones que se promulgó en septiembre, planteando que aquellos desempleados durante seis meses puedan retirar el capital o la rentabilidad de sus fondos, reducir la edad de jubilación a sesenta años y se reestablecía el retiro del noventa y cinco coma cinco por ciento de los fondos acumulados a la edad de jubilación legal y también de la jubilación adelantada, puerta que recordemos se ha cerrado a partir de la reforma del sistema de pensiones para aquellos menores de cuarenta años, manteniendo la edad de jubilación en los sesenta y cinco años y señalando que es obligatorio para todos los peruanos pertenecer a un sistema de pensiones y les otorga una pensión mínima.

La presidenta de este grupo de trabajo, Edith Julón, de Alianza para el Progreso, había planteado que se aplique el principio de sustracción de la materia debido a que el congreso ya había legislado respecto a este tema este año, pero los legisladores María Agüero y Américo Gonza, ambos de Perú Libre, se opusieron a que se realice una votación en la Comisión de Trabajo el martes para archivarla y más bien lo que ha aceptado la presidenta de la comisión es que este proyecto de ley regrese al equipo técnico para que siga evaluando este tema, pese a que las opiniones técnicas de la superintendencia de Banca, Seguros y AFP y los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Promoción del Empleo han sido en contra de esta iniciativa. Se mantiene entonces la incertidumbre respecto a ese tipo de iniciativas del Congreso en un contexto en el que muchos están confiados en que la reforma del sistema de pensiones pueda permitir una mayor cobertura del sistema y le genere una mayor sostenibilidad en el tiempo, olvidando creo que al final solo basta que un grupo de congresistas se organice para quitarle los pies, los brazos y en muchos casos la cabeza a esta nueva reforma.

Y ayer se inició el trigésimo quinto seminario anual de investigación dos mil veinticuatro del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, con dos importantes presencias. Por un lado, Liliana Rojas -Suárez, investigadora principal y directora de la Iniciativa Latam del Centro para el Desarrollo Global, y Mariana Mazzucato, directora del Instituto para Innovación y Propósito Público del University College of London, una de las economistas principales de referencia a nivel global en este contexto. ¿Qué ha dicho Liliana ayer en su presentación sobre el impacto global de las políticas económicas de Trump a ante América Latina? Lo que ha señalado es que en la anterior administración de Trump la aplicación de aranceles a China por parte de Estados Unidos no generó una gran variación en el déficit de la balanza comercial entre Estados Unidos y China, es más, el gigante asiático mantuvo su superávit comercial debido a que China aumentó su proporción de venta a países emergentes y disminuyó los envíos a los países desarrollados. ¿Cuáles serían los efectos para el Perú de un segundo gobierno de Donald Trump?

Lo que explica Rojas es que no va a tener un efecto directo, pero sí varios indirectos. Si se afecta el crecimiento global con la aplicación de sus aranceles aún mayores que ha prometido Donald Trump, se afectaría al crecimiento peruano, pero si el efecto es que se promueve más bien el crecimiento de los Estados Unidos, esto podría beneficiar el la economía mundial y beneficiar indirectamente al Perú, y por eso es totalmente incierto, señala Liliana Rojas Suárez, el resultado para el Perú y para la economía global de un segundo gobierno de Donald Trump. Otro punto importante de la presentación de Rojas Suárez ha sido la relevancia que les da se le está dando el mundo a la transición energética verde, que implica una mayor demanda por el cobre, y advierte sobre el riesgo de que el Perú pierda su relevancia en el mercado global de cobre, si es que el Perú no aprovecha esta transición verde y deja que países como Argentina, donde el presidente Javier Milei está planteando cambios regulatorios para permitir la explotación minera del cobre en los andes argentinos, reemplacen al Perú en el mercado de cobre, argentinos reemplacen al Perú en el mercado de cobre global, y esto es un riesgo que ve Rojas -Suárez en el horizonte y que debería estar llevando a que se tomen decisiones en el Perú para mejorar nuestro atractivo a las inversiones mineras, incrementar la producción de cobre a través de una mejora de la institucionalidad de acuerdo con el diario gestión.

Y otro tema importante es que la agencia calificadora de riesgos Moody's ha rebajado de B2 a Caa1 la calificación crediticia de Telefónica del Perú, hundiéndola aún más en el terreno de los denominados bonos basura o bonos especulativos. ¿Por qué ha tomado esta decisión Moody's? Porque considera que hay un deterioro de la posición de liquidez de la compañía que ha provocado un creciente riesgo de refinanciamiento y de reestructuración, es decir, que las posibilidades de que Telefónica no cumpla con sus obligaciones, con sus acreedores, se incrementan cada día más. Moody se explica que esta rebaja de la calificación crediticia considera la incertidumbre que rodea la capacidad de Telefónica del Perú para refinanciar la primera cuota de ciento ochenta millones de dólares de su pago pendiente de cuatrocientos sesenta millones de dólares, debido a que tiene liquidez limitada, un débil desempeño operativo y que hay incertidumbre respecto al apoyo que podría darle el apoyo financiero de su accionista Telefónica SA, de la matriz de Telefónica en España. Entremos al tema que me interesaba comentarles hoy y que es la materia de mi columna en el Diario El Comercio que podrán leer mañana viernes.

El hecho de que la Comisión de Economía del congreso haya aprobado, sin hacer ningún estudio ni dar ninguna justificación técnica, la ampliación hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintisiete de la reducción del impuesto general a las ventas del IGV para los restaurantes hoteles y alojamientos turísticos. Este beneficio recordemos vence el treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro y fue aprobado en septiembre del dos mil veintiuno como un apoyo a este sector, uno de los más golpeados durante la pandemia, para permitir, de acuerdo con el ministro de comercio exterior y turismo de esa época, Roberto Sánchez, estas empresas se puedan capitalizar e invertir en mejorar sus servicios a los clientes y, por lo tanto, impulsar su recuperación frente al duro golpe a su capitalización por parte de la pandemia. Este beneficio, como les digo, vence el treinta y uno de diciembre del dos mil veinticuatro y, precisamente, ayer el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un comunicado oponiéndose a esta renovación. Estos argumentos se los ha comentado por la mañana Augusto Townsend, pero se los resumo rápidamente. Lo que planteaba el MEF es que pese a que tiene un alto costo fiscal, setecientos cuarenta y tres millones de soles en el dos mil veintitrés, no ha generado una menor un menor precio para los consumidores, por ejemplo, del segmento de restaurantes, cuyos cuyos precios al consumidor se incrementaron por encima de la inflación en el dos mil veintitrés y que además solo se ha beneficiado principalmente al veinte por ciento de las empresas con mayores ventas que se han llevado el setenta y seis por ciento del importe total de este beneficio tributario.

La reducción del IGV, argumentaba el MEF también, no ha impactado en la formalización y además genera un riesgo para las reglas fiscales, reglas fiscales que al parecer cuando se trata de este tipo de medidas sí le importan al MEF, pero que pierdan relevancia cuando le exigimos al Ministerio de Economía y Finanzas que tome acciones concretas para reducir el déficit que se mantiene cercano al cuatro por ciento cuando debería cerrar el año en dos coma ocho por ciento y nos faltan poquitas semanas para cerrar este dos mil veinticuatro, año en el que ya estamos dando por sentado que no vamos a cumplir la regla fiscal. ¿Qué es lo que advierte el MEF respecto a las reglas fiscales y esta medida? Que dentro del marco macroeconómico multianual de dos mil veinticinco dos mil veintiocho se completaba que esta tasa de reducida del IGV culmine en el dos mil veinticuatro y no continúe restando ingresos fiscales en los siguientes años. Recordemos que el marco macroeconómico multianual es el documento que elabora el MEF con todos los supuestos en lo que está fundamentando su proyecto de presupuesto que envía al congreso y que recordemos fue promulgado ya esta semana luego de haber sido aprobado por el congreso a casi última hora, el treinta de noviembre de este año.

Lo que está diciendo el MEF es que la definición de los gastos para el próximo año, estos más de doscientos cincuenta y un mil millones de soles que se van a gastar el próximo año, contemplaban que no se iba a seguir teniendo este costo fiscal de setecientos cuarenta y tres millones de soles al año por parte de esta reducción del IGB, y que, por lo tanto, se entiende ampliar este beneficio tributario va a afectar la posibilidad de que el próximo año sí cumplamos la regla fiscal, que recordemos, obligaría al MEF a reducir el déficit fiscal a dos coma dos por ciento en el dos mil veinticinco, déficit fiscal que no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos y gastos del estado peruano del tesoro público, y que nos permite ponerle un termómetro a qué tan bien manejadas están las finanzas públicas, qué tan Ministerio de Economía y Finanzas no ha sido muy responsable respecto a las finanzas públicas, y está dejando que incumplamos este año la meta del déficit y que exista total incertidumbre respecto a si el próximo año vamos a poder cumplirlas o no, resulta por lo menos paradójico que utilice como argumento la sostenibilidad fiscal para oponerse a medidas como las que ha aprobado el congreso.

Al congreso deberíamos exigirle, por supuesto, que pruebe cuáles han sido los efectos positivos de esta medida y que argumente con un análisis costo beneficio adecuado que efectivamente nos podemos dar el lujo de seguir regalándole dinero a las empresas, a las micro pequeñas empresas de este sector hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintisiete, esto por supuesto el congreso no lo ha hecho y tendríamos que nuevamente levantar la voz para pedirle al congreso que deje de jugar con el futuro fiscal del país para ganarse algunos puntitos de popularidad con este tipo de medidas populistas. Al Ministerio de Economía y Finanzas habría que pedirle también un poco más de coherencia cuando mira medidas afuera que podrían afectar la sostenibilidad fiscal, y se hace más bien la vista gorda respecto a las medidas que ellos deberían estar implementando para este objetivo, o aprueba sin mayor cálculo oficial serio y exacto, proyecciones como cuánto nos va a costar la reforma del sistema de pensiones de la que hablábamos hace unos minutos. Terminamos así el podcast económico de hoy, les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.