Comité Premium

Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 15 de enero del 2025.

El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.

Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar.

Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy miércoles 15 de enero en menos de un minuto:

1. El hermano de la presidenta Nicanor Boluarte y otros implicados en el caso Los Waykis en la Sombra obtuvieron una resolución favorable del Poder Judicial que levantó el mandato de prisión preventiva en su contra y lo cambió por uno de comparecencia restringida.
2. El ministro del Interior Juan José Santiváñez ha sido conminado a entregar a la Fiscalía los accesos a su cuenta de iCloud y el chip de celular luego de haber entregado un teléfono vacío al ser requerido por el Poder Judicial.
3. La fiscalía difundió en su cuenta de X una publicación en la que alerta de 6 leyes aprobadas por el Congreso que ponen en riesgo el cumplimiento de sus funciones.
4. En Estados Unidos se publicó el reporte del consejero especial Jack Smith que señala que Donald Trump sí fue responsable de querer el resultado de la elección del 2020 que perdió ante Joe Biden, pero que no puede ser condenado por tener ahora inmunidad presidencial.
5. El Gobierno de Brasil ha prohibido el uso de celulares en colegios públicos y privados porque, según señala, esto afecta el rendimiento de los estudiantes.

Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias, aquí la primera:

El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, acaba de conseguir un fallo favorable en el Poder Judicial. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior declaró fundadas las apelaciones presentadas por varios de los investigados en el caso conocido como Los Waykis en la sombra, vale decir, Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Griselda Herrera y los hermanos Jorge y Noriel Chingay, y por tanto calificó de improcedente el mandato de 36 meses de prisión preventiva que les habían impuesto en primera instancia en noviembre pasado por decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Ya no van a tener prisión preventiva ni mandato de captura sino simplemente un mandato de comparecencia restringida, es decir, seguirán el proceso estando en libertad. Boluarte, que se ha pasado todo este tiempo prófugo de la justicia, podría ahora dejar la clandestinidad.

Hay que recordar aquí que al hermano de la presidenta se le acusa de ser una especie de poder en la sombra en el gobierno de su hermana y que, aprovechando esa condición, habría -según el Ministerio Público- incidido indebidamente en el nombramiento de prefectos y subprefectos en distintos lugares del país, para usar esos puestos para hacer proselitismo en favor de su partido Ciudadanos por el Cambio.

Segunda

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tiene 48 horas desde que fue notificado ayer martes para entregar el chip de su celular y su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, luego de que su abogado pusiera a disposición del Ministerio Público un equipo celular prácticamente vacío y sin información. El teléfono, de acuerdo con el acta de deslacrado de la Fiscalía, habría sido –abro comillas– “restablecido” –cierro comillas– a su configuración de fábrica.

De acuerdo con la información detallada por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, del Área de Enriquecimiento Ilícito, el 2 de diciembre del 2024 la defensa del ministro Santiváñez entregó un teléfono como parte de las diligencias que vienen realizándose en el marco de la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad

La defensa del titular de Interior quiso justificar la entrega de ese celular sin información señalando que había cambiado de equipo de teléfono en noviembre por motivos de seguridad. Según el Ministerio Público, desde entonces vienen solicitando a Santiváñez que entregue la información necesaria pero el ministro no ha ofrecido ninguna respuesta.

Ahora, la Fiscalía exige a Santiváñez que entregue su cuenta iCloud con la respectiva contraseña, así como del chip que tenía el equipo celular, con la finalidad de acceder a los archivos de información y realizar la diligencia de lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión de mensajes, imágenes, audios y otra información relevante para la investigación que se le sigue luego de que se divulgara un audio en el que, presuntamente, solicitaba al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que controlara al periodista Marco Sifuentes.

Tercera
El Ministerio Público, es decir, la institución que agrupa a los fiscales, que son los que persiguen el delito, sacó una publicación en su cuenta oficial de X con una infografía bien didáctica en la que muestra seis leyes aprobadas por el actual Congreso que ponen el riesgo la labor del Ministerio Público y, de manera más general, amenazan la correcta administración de justicia en el país.
¿Cuáles son esas seis leyes? La primera es la ley que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, por tanto, impide que los fiscales puedan investigar aquellos ocurridos antes del 2002. La segunda es la ley que limita los plazos para que se haga efectiva una colaboración eficaz. La tercera es la que elimina la detención preliminar cuando no hay flagrancia, que fue corregida por el Congreso pero que el Gobierno acaba de observar la ley que la corrigió, de manera que todavía sigue vigente.
La cuarta es la ley que recorta los plazos de prescripción y por tanto hace más fácil que algunos delincuentes se libren de ser acusados. La quinta es la ley que flexibiliza la definición de organización criminal y por tanto hace más fácil que ciertas bandas puedan eludir ser tipificadas como tal. Y la sexta es una ley que modifica la regulación de las sanciones contra jueces y fiscales, y se presta a arbitrariedades o amedrentamiento.
¿Tiene razón el Ministerio Público en quejarse de todas estas leyes? Pues yo diría que sí, aunque cada quien puede sacar sus propias conclusiones.

Cuarta

En Estados Unidos el consejero especial Jack Smith que venía investigando al presidente electo Donald Trump por su supuesto intento de subvertir el resultado de la elección que perdió ante Joe Biden en el 2020, emitió su reporte final sobre este caso. Y si bien Trump no puede ser sancionado con pena de cárcel, porque está protegido por su inmunidad como presidente entrante, lo que concluye el reporte de Smith, difundido el martes por la madrugada, señala que Trump se vio involucrado en un “esfuerzo criminal sin precedentes”, según cita el Washington Post, y que, de haber sido llevado a juicio, habría sido condenado. Es decir, la elección de Trump es, en opinión de Smith, lo único que impidió ese resultado, porque eso obligó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a tener que encarpetar el caso, dado que, como decíamos, y similar a lo que ocurre aquí los presidentes en funciones tienen una protección o inmunidad especial por el cargo que ejercen.
Smith también responsabiliza a Trump por el asalto al capitolio, es decir, al Congreso estadounidense, que ocurrió el 6 de enero del 2021 y que ha sido calificado por juristas como un intento de insurrección.
Trump respondió al reporte de Smith diciendo que este es “un fiscal descerebrado que no logró que su caso sea visto antes de la elección”. Y en efecto, las cosas pudieron haber sido muy distintas si el caso llegaba a juicio más rápido y Trump recibía una sentencia antes de ser nuevamente candidato presidencial. Legalmente había sustento para ello, pero políticamente hubiese sido un escenario bien complicado, porque la mayoría que ahora último votó por él, probablemente interpretaría que el Gobierno de Biden estaba manipulando al Departamento de Justicia para sacar a Trump de carrera. Cabe indicar que en más de 100 años desde que existe, nadie ha sido procesado en Estados Unidos utilizando la ley que prohíbe la insurrección, es decir, Trump habría sido el primero.

Quinta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una ley que prohibe el uso de celulares en colegios públicos y privados. La iniciativa entrará en vigor este año y había sido aprobada previamente en ambas cámaras del Legislativo brasileño a fines del año pasado.

La norma indica que los celulares no podrán ser utilizados en las escuelas, tanto en el recreo como en las clases, durante las tres etapas escolares: preescolar, primaria y secundaria. Solo se podrán utilizar cuando sea con “fines pedagógicos” y bajo la supervisión de un profesor.
Aunque, cabe mencionar que la prohibición de celulares tiene algunas excepciones como para los estudiantes que los necesiten por motivos de "accesibilidad" o para "atender condiciones de salud".

Los impulsores de esta ley señalaron que diversos estudios habían encontrado que el uso de teléfonos, sobretodo durante clases, causaban problemas de rendimiento académico. El senador brasileño Alessandro Vieira dijo que en todos los lugares en los que se implementó esta medida se observó una mejora en el desempeño de los alumnos, en la disciplina de las escuelas y hubo una reducción del bullying.

A nivel mundial, muchos países como Francia y España han tomado medidas similares para prohibir o limitar el uso de los celulares en los colegios, e incluso la UNESCO recomendó en el 2023 que los Estados promulguen leyes que prohiban los celulares en las escuelas, ya que distraen a los alumnos y repercuten negativamente en su aprendizaje.
En nuestro país, la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular presentó el año pasado un proyecto para prohibir los celulares en los colegios con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar, combatir el ciberbullying y prevenir riesgos a la salud mental de los alumnos.

Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto aquí la reflexión del día.

Voy a comentarles hoy sobre el caso de la obra de teatro de unos alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ha generado un rechazo muy intenso de parte de creyentes o miembros de la Iglesia católica por considerarla una afrenta a la Virgen María. No se está discutiendo sobre la obra en sí, que entiendo nadie ha visto, en el que se aprecia el nombre de aquella, que es “María maricón”, y se muestra a un personaje que -entienden los críticos- está imitando de forma denigrante a la Virgen María.

Me va a tocar a mí ser controversial con mi propia reflexión, porque voy a intentar explicarles por qué personas con distintas posiciones ideológicas pueden ver esta situación de manera diferentes, y ustedes pueden estar intensamente alineados con una y cuestionar a las otras, y eso está bien, pero es válido entender por qué se genera esta discrepancia.

Lo primero que hay que decir es que todas las personas tenemos un concepto personal de qué consideramos sagrado, y no me refiero a esto en términos religiosos, sino como lo hace el psicólogo Jonathan Haidt en su libro The Righteous Mind. Es decir, algo que consideramos tan valioso o puro, que nos va a generar un disgusto enorme si vemos que alguien lo denosta o lo desprecia.

Para algunas personas lo sagrado está muy relacionado a sus creencias religiosas, y les produce mucho disgusto, como hemos visto en este caso, lo que pueden interpretar como una burla o una sátira a los símbolos de su fe. Para otros, lo sagrado pueden ser los símbolos patrios, y se pueden molestar muchísimo si ven a alguien, por ejemplo, pisando la bandera nacional. Para otros, lo sagrado puede ser una idea o un paradigma que es absolutamente esencial en su forma de ver el mundo, y por tanto se sienten en la necesidad de buscar cancelar a cualquiera que lo desafío.

Lo que quiero hacerles notar aquí es que todos tenemos cosas que, si sentimos que son vulneradas, vamos a salir como un resorte a defenderlas. Puede ser algo muy trascendente para ti como tu fe, puede ser a tu familia o amigos aunque sepas que han hecho algo malo, o puede ser, para ponerles un ejemplo más mundano, el opinólogo que se ofende porque alguien no ha probado el ceviche o no reconocido que la gastronomía peruana es la mejor del mundo.

Todos nos ofendemos por ciertas cosas, solo que no son las mismas. Pero si pasamos al terreno de lo legal, lo que debemos preguntarnos es si tenemos un derecho exigible a no ser ofendidos. En cierta medida uno podría decir que sí, y ese puede ser el derecho al honor y la buena reputación, pero quien sea que esté del otro lado y diga algo que nos ofenda, también tiene un derecho que lo ampara, el derecho a la libertad de expresión, y por tanto estamos en una situación en la que podría ocurrir -aunque no necesariamente, habrá que ver en cada caso- que tenemos dos derechos en conflicto y tenemos que ver cuál prevalece sobre el otro.

En el caso que estamos discutiendo hoy, ¿quién tiene más derecho: los alumnos de la PUCP que están haciendo la obra que poder difundirla o las personas que se han sentido ofendidas de poder censurarla?

Esa es la pregunta clave, y lo que vamos a ver es que las personas no la responden por igual, sino que sus respuestas dependen de su marco ideológico.

Las personas que tienen visiones ideológicamente conservadoras, que son las que eminentemente están reclamando en este caso, tienen una predisposición muy fuerte a hacer respetar un orden y un conjunto de tradiciones y costumbres que consideran fundamental para la convivencia en sociedad. Para algunos de ellos, la fe religiosa puede ser la piedra angular de ese orden, y por tanto cualquiera que ataque o ridiculice esa fe, está atacando la base sobre la que descansa su concepción de sociedad, y por tanto tienen que salir a defenderla.

Las personas que tienen visiones ideológicamente progresistas tienden a creer que el orden actual de las cosas es injusto por alguna razón y que hay que desafiarlo. Algunos de ellos, pueden pensar que la religión o alguna iglesia en particular es un componente de ese orden que justamente instaura o protege paradigmas que ellos quieren cambiar, como los que pueden tener que ver con los roles de género, y por tanto, desde su visión de las cosas, es necesario cuestionar ese orden o disputar su sacralidad.

Las personas que tienen visiones ideológicamente liberales, como ustedes saben que es mi caso, suelen tener una valoración muy alta de la libertad, por supuesto, pero más específicamente de la libertad de expresión. Digamos que lo sagrado para un liberal es o puede ser la libertad de expresión, tanto así que incluso hay que defenderla cuando se utilice para difundir ideas o discursos con los cuales uno está profundamente en desacuerdo. Lo que un liberal considera que es una afrenta es el acto de censurar y por tanto vulnerar esa libertad de expresión, aun la de aquellas con los cuales discrepa.

Yo no voy a decirles que de estos tres grupos hay uno que está en lo correcto y los otros dos equivocados. Ni siquiera es el caso de que alguno de nosotros esté completamente dentro de los contornos de cualquiera de estas posiciones ideológicas. Nosotros podemos ser principalmente conservadores, principalmente progresistas o principalmente liberales, pero de todas maneras tenemos algunas ideas que pertencen a cualquiera de los otros ámbitos.

Por lo tanto, cuando hay un caso como este que ha generado tanta controversia, lo que tendríamos que hacer -cosa que es muy difícil en tiempos de redes sociales- es detenernos un para ver qué es exactamente lo que está causando ofensa. Como liberal, lo que a mí me preocupa siempre es cómo controlar el poder, y en mi visión de las cosas, el uso del humor, la sátira y la burla, sí se justifican como herramientas para cuestionar el poder. Pero es muy distinto cuando quien ridiculiza es alguien que está en situación de poder y la víctima es alguien en posición de vulnerabilidad. Pero claro, juzgar esto también estará determinado por nuestra visión de las cosas. Para algunos, la víctima aquí será la Iglesia Católica o sus feligreses, mientras que es la poderosa Universidad Católica y su “mafia caviar” la que sistemáticamente busca imponer sus ideas. Para otros, las víctimas son aquí unos cuantos estudiantes universitarios a los que les han lanzado encima todo el poder de la iglesia organizada.

Nuevamente, yo veo esto desde mi óptica personal que probablemente no sea compartida ni por la mayoría de quienes me escuchan. Para mí lo que sería inaceptable en este caso es que haya una censura estatal de esta o cualquier obra solo por ser desafiante del concepto de lo sagrado que puedan tener algunas personas. Para mí lo sagrado es proteger la libertad de expresión, incluso la de aquellos con los que discrepo, y rechazar la censura estatal, porque no quiero que el Estado tenga el poder de decir qué discursos se aceptan y cuáles no.

Pero precisamente porque valoro tanto la libertad de expresión, encuentro perfectamente válido que la gente se exprese en rechazo a esta obra. También están en su derecho de hacerlo. Y si bien rechazo la censura estatal, sí creo que la responsabilidad individual de una organización privada, una universidad en este caso, de tener reglas internas y hacerlas valer. Creo que una universidad como la Católica, que dicho sea de paso, es la universidad donde yo estudié, tiene que definir con claridad cómo manejas estos casos. Porque o bien son una universidad que cree en la libertad de expresión y por tanto la defiende incluso cuando sea utilizada para atacar a la propia universidad y sus creencias, o bien cree que esta debe ser sometida a ciertas reglas internas que deben ser de conocimiento de toda su comunidad universitaria y ser exigidas con igualdad de trato. Porque lo que le parece que ha hecho la PUCP en este caso es responder improvisadamente al escándalo. Y ese, a mi criterio, es el peor de los mundos para una universidad.

Muy bien espero que haya servido la reflexión al menos para iluminar el debate, aunque muchos de ustedes probablemente estarán en posiciones diferentes a la mía. Pero, como siempre, les agradezco por escuchar.

Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto.

Que estén muy bien y ya nos escuchamos mañana.