Comité Premium

Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 18 de diciembre del 2024.

El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.

Muy bien. Aquí van los titulares de hoy miércoles 18 de diciembre de diciembre en un minuto:

1. La fiscalía allanó ayer la casa del vocero presidencial Freddy Hinojosa en conexión con el caso Frigoinca al cual está relacionado porque fue antes director Ejecutivo de Qali Warma cuando esta empresa cobró protagonismo como proveedor del Estado.
2. El Tribunal Constitucional ordenó que el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía por el caso Lava Jato sea finalmente hecho público.
3. El Tribunal Constitucional también rechazó un nuevo pedido para ser puesto en libertad del ex presidente Pedro Castillo, procesado por cometer un golpe de Estado.
4. Los abogados de Harvey Colchado aseguraron en conferencia de prensa que la excusa del pase al retiro por antigüedad no se sostiene porque hay otros oficiales más antiguos que no han salido.
5. Ex trabajadora del Congreso implicada en presunta red de prostitución muere luego de estar en estado crítico por siete días tras ataque de sicarios en La Victoria.

Ok. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera:

El Ministerio Público realizó ayer una diligencia de allanamiento en la vivienda del vocero presidencial Fredy Hinojosa Angulo, quien viene siendo investigado en el marco del caso Frigoinca y Qali Warma.

En el operativo participaron, junto a representantes de la Fiscalía, agentes de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) y el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional del Perú.

Además de la residencia de Hinojosa, también ha sido allanada la casa de Francisco Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca, la empresa que fabricó y vendió conservas en mal estado no aptas para consumo humano al programa Qali Warma.

El ahora vocero presidencial fue jefe de Qali Warma en el periodo en el que Frigoinca incrementó significativamente su cuota como proveedor del programa social con importantes contratos para distribuir sus conservas Don Simón en colegios nacionales.

Horas después del allanamiento, Hinojosa declaró ante los medios y señaló que cuando ocupó el cargo de director ejecutivo de Qali Warma, la empresa Frigoinca no era proveedora del programa ni hubo casos de intoxicación. El vocero de Presidencia recalcó que –abro comillas "no existe ninguna evidencia” –cierro comillas– que lo vincule al caso que incluye a Frigoinca y que viene siendo investigado por la Fiscalía luego de diversas denuncias periodísticas.

Hinojosa enfatizó que dio todas las facilidades al Ministerio Público para la conducción del allanamiento, incluida la entrega de equipos electrónicos como tablets y teléfonos celulares.

Dicho sea de paso, la fiscalía ha solicitado que se dicte un impedimento de salida del país para representantes de Frigoinca y funcionarios de Qali Warma. También veo que se ha pedido la detención preliminar de Freddy Hinojosa por 10 días. Me voy a detener un segundo en este último detalle. En los últimos días he criticado la decisión del Congreso, ya enmendada, de eliminar la figura de la prisión preventiva, pero les dije que sí estaba de acuerdo con que los jueces sean mucho más estrictos en no aprobar prisiones preliminares sin un mínimo de sustento. En el caso de Hinojosa, si bien yo creo que debe ser investigado a fondo y que sí podría haber una responsabilidad de ahora vocero presidencial, no creo que la información que se conoce a la fecha sobre su involucramiento personal, sea suficiente para justificar una prisión preventiva. Sería, en mi opinión, un exceso que se apruebe este pedido. Hinojosa debería seguir su proceso en libertad. Salvo mejor parecer de ustedes. Ojo que no estoy afirmando que esté convencido de su inocencia, lo que estoy diciendo es que el estándar para darle prisión preliminar a una persona, cualquier persona, debe ser más alto que eso.

Segunda
El Tribunal Constitucional acaba de declarar fundada una demanda de hábeas data presentada por el periodista Philip Butters (que es básicamente un procedimiento constitucional para exigir que el Estado revele información de interés público) contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, señalando que estos y la fiscalía de manera general no ha acreditado razones válidas o amparadas en derecho para mantener oculto el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la constructora brasileña Odebrecht y algunos de sus ex ejecutivos, en el marco del caso Lava Jato, con la fiscalía y la procuraduría peruanas.

En tal sentido, el TC le ordena a la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro que en un plazo no mayor de 5 días hábiles entregue una copia de dicho acuerdo y del acuerdo complementario, ambos firmados en el 2019, es decir, hace más de 5 años.

La defensa del Ministerio Público trató de acreditar durante este proceso ante el TC que el acuerdo de colaboración se refería a un proceso muy sensible y que para garantizar “la eficiencia” de las investigaciones, había que mantenerlo en reserva. Que, en todo caso, esta era información pertinente solo para quienes participan en las investigaciones del caso Lava Jato.

Estos argumentos no convencieron al TC y debo decir, a título personal, que no me convencen a mí tampoco. No encuentro justificación para que un acuerdo de este tipo, cuando ya ha sido aprobado por un juez y ha surtido efectos al recabarse las declaraciones o las pruebas ofrecidas por los involucrados, se mantenga en reserva. Esto previsiblemente generaba la especulación de los críticos de la fiscalía en el sentido de que esta había sido demasiado dadivosa, que había tratado con demasiada suavidad o que le había dado una ventaja injustificada a Odebrecht y sus ejecutivos, responsables de cometer delitos muy graves en el Perú, todo esto para que la fiscalía pudiese enfocarse más en los políticos involucrados en el caso.

Como les he comentado en el podcast, yo comparto en cierta medida esta visión. No concuerdo con la posición de la fiscalía de dejar que los ejecutivos o empresarios involucrados en el caso se la lleven tan fácil si le daban a la fiscalía lo que necesitaba para ir prioritariamente sobre los políticos. Creo que el merecido castigo de los segundos no debió haber permitido la impunidad de los primeros. Y además ahora vemos que judicialmente se está impugnando en Brasil por ejemplo la validez de las pruebas aportadas por Odebrecht porque se rompió la cadena de custodia y eso podría hacer que el valor en sí de lo que ha aportado Odebrecht a estos procesos sea mucho menor.

En retrospectiva, fue un error de la fiscalía haberse empecinado en mantener oculto este acuerdo, y el resultado de ello es que ahora que se haga público, va a ser auscultado al milímetro para ver cuántos beneficios injustificados le dio esta a Odebrecht y sus funcionarios, si acaso.

En términos legales, creo que la argumentación del TC, por lo que voy leyendo en la prensa y las redes sociales, parece sólida, así que esta no es o no parece ser una sentencia sesgada contra la fiscalía ni mucho menos. Ha habido aquí una defensa del derecho a la información pública que es, a mi criterio, completamente atendible.

Tercera
El Tribunal Constitucional rechazó una nueva demanda con la que Pedro Castillo buscaba ser puesto en libertad.

La defensa del exmandatario presentó un recurso que cuestionaba algunos de los procesos legales que lo llevaron a estar detenido en el penal de Barbadillo desde diciembre del 2022 tras intentar dar un golpe de Estado. Más específicamente los abogados de Castillo señalaban que hubieron irregularidades en la detención en flagrancia de Castillo y el inicio del proceso en su contra por el golpe de Estado.

El TC, sin embargo, desestimó los argumentos de la defensa legal de Castillo y declaró improcedente la demanda con el voto de seis de sus siete integrantes.

Como se sabe, el exmandatario Pedro Castillo y sus exministros muy pronto enfrentarán un juicio por el intento de golpe de Estado. Por este caso, la Fiscalía pide 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Este proceso penal también incluye a los exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez y a los oficiales de la PNP, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

Cuarta
Los abogados Luciano López y Miguel Arroyo, representantes legales del todavía coronel de la Policía Nacional del Perú Harvey Colchado señalaron en una rueda de prensa que están totalmente convencidos de que el motivo detrás del pase a retiro de su representado es –abro comilla– “una venganza” –cierro comillas– por parte del Ejecutivo liderado por Dina Boluarte.

Tanto Colchado como el coronel PNP Walter Lozano, quien también fue pasado al retiro por la resolución del Ministerio del Interior publicada el lunes pasado, fueron integrantes del equipo especial de la PNP que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y participaron en el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte cuando se realizaron diligencias por el conocido caso Rolex.

De acuerdo con los abogados, el argumento de la antigüedad en el rango de ambos coroneles esgrimido por el gobierno para justificar su pase a retiro no se sostiene ya que existen otros oficiales en situación similar y con mayor antigüedad que no han sido dados de baja.

Los representantes de Colchado afirmaron que junto a su defendido agotarán la vía administrativa ante el Ministerio del Interior y la Policía aunque, afirman, que evidentemente esos recursos van a ser desestimados. Luego de ello, buscarán tomar acciones judiciales.

Quinta
Hay un caso muy escabroso que se ha venido revelando en los últimos días en torno al Congreso. Supuestamente habría operado al interior de este una presunta red de prostitución asociada con Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Parlamento. Una persona que trabajaba con Torres Saravia en el Congreso, Andrea Vidal, fue víctima hace siete días de un intento de asesinato perpetrado por sicarios que le dispararon más de cuarenta veces al taxi en el que se trasladaba. Vidal quedó en situación muy crítica, y después de una semana, falleció. El conductor del taxi también murió en el ataque.

Esto ha generado mucha especulación en las redes sociales y la prensa, quienes están considerando la posibilidad de que Vidal haya sido ultimada para evitar que diera declaraciones incriminatorias contra los involucrados en esta presunta red de prostitución al interior del Congreso de la que ella también era una operadora. Pero hace como tres meses Torres Saravia y Vidal se pelearon, según La República, y el primero despidió a la segunda. El presidente del Congreso Eduardo Salhuana ya destituyó a Torres Saravia por las denuncias en su contra pero este caso es muy espeluznante y habrá que ver qué más se conoce al respecto.

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