Ale Costa comenta la derogación por parte del Pleno del Congreso de la Ley 31876, que buscaba limitar a 50 UIT el presupuesto máximo de las obras que los gobiernos regionales y locales pueden ejecutar a través la modalidad de administración directa, es decir, utilizando sus propios recursos y personal, modalidad que suele generar paralización de las obras, incremento de sus costos y baja calidad en los resultados finales.