Comité Premium

Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 27 de setiembre del 2022.

Un pequeño anuncio antes de comenzar. En nuestra sesión de miércoles de debate de mañana, vamos a tratar el caso de Ivon Chouinard, el dueño de Patagonia, la marca de ropa y accesorios outdoor que es un referente a nivel global en temas de sostenibilidad, quien ha decidido (entrecomillas) donarle su empresa al planeta, es decir, cederle propiedad sobre esta a un fideicomiso y una asociación sin fines de lucro para asegurar que siga cumpliendo su propósito. Es un caso bien interesante de una persona que tiene un entendimiento muy especial del rol que tienen los empresarios de cara a la sociedad, y lo vamos a abordar con una invitada especial que ya les anunciaré mañana. Así que si les interesa este tema, vayan separando en su agenda miércoles a las 6 de la tarde, para conectarse vía Zoom.

Ok, ahora sí vamos con nuestras noticias locales en el frente político. Tras la denuncia periodística efectuada por el Centro Líber en el sentido de que en un vuelo oficial del avión presidencial del 23 de junio pasado, figuraba en el registro de pasajeros un tal Lay Vásquez Castillo con un número de DNI inexistente, que el medio considera que podría haber sido el prófugo sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo, pues la fiscalía intervino inmediatamente el Grupo Aéreo número 8 desde donde salió dicho vuelo para obtener más información al respecto. Al parecer, lo que ha dicho la Fuerza Aérea sobre este tema, según leo en La República, es que la responsabilidad de hacer el manifiesto de pasajeros con los datos de todos quienes suben al avión presidencial, es del personal de Palacio de Gobierno, dando a entender pues que si se ha consignado información falsa o errónea, esto es atribuible al propia oficina del presidente. Recordemos que Pedro Castillo ha negado vía Twitter que se haya tratado de sus sobrino Fray, pero no ha dado una explicación de quién habría sido la persona y por qué aparece con un DNI que no existe. De hecho, esta no sería la única irregularidad identificada en los vuelos del avión presidencial, a juzgar por los registros de pasajeros que obtuvo el Centro Líber haciendo un pedido de trasparencia de la información a la Fuerza Aérea. Por ejemplo, aparecen otros familiares de Pedro Castillo identificados con DNIs que no les corresponden. Entonces, estamos aquí cuando menos ante un caso en el que ha habido negligencia grave en el personal de palacio de gobierno que gestiona este registro de pasajeros, pero uno podría decir incluso que lo que han ocurrido aquí tiene implicaciones mayores y que supone un riesgo de seguridad nacional, al tener volando con el presidente y altos funcionarios del Estado a personas que ni siquiera se puede identificar correctamente. Esto, por supuesto, sin perjuicio de que se haya tratado o no de Fray Vásquez Castillo. Podríamos estar hablando también de un caso de aprovechamiento indebido de un avión de propiedad del Estado. Ahora, ¿cuán probable es que sí se haya tratado de Fray Vásquez Castillo? Pues todo se ve muy sospechoso, pero normalmente viajan en el avión presidencial varias personas, incluidos periodistas, así que me llamaría la atención que no hubiese hasta ahora un solo testimonio de alguien que afirmara haber visto al sobrino del presidente subiendo a un avión en el Grupo 8, compartiendo vuelo con él, o viéndolo bajar en Chiclayo, todo esto además hace poco tiempo cuando ya su foto estaba en todos lados. Así que ciertamente merece la investigación pero no creo que la probabilidad de que efectivamente sea él resulte tan alta como quizá algunos pensarían. No es alta, pero tampoco es inexistente.

En el Congreso también se están abocando a ver este tema. En la comisión de fiscalización que preside el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura, se ha pedido citar al nuevo ministro de Defensa Daniel Barragán y al comandante general de la FAP Alfonso Artadi, para que den explicaciones sobre este tema. En paralelo, la congresista también de Fuerza Popular Vivian Olivos le ha pedido a la fiscal de la Nación Patricia Benavides que investigue otro vuelo hecho tiempo atrás por el presidente, su cuñada e hija adoptiva hoy en prisión Yenifer Paredes y su sobrino Yoni Vásquez Castillo, a Chiclayo el 26 de junio, pese a que no tenía actividad oficial en esa fecha según la agenda del despacho presidencial. Esto ocurrió tres días después de ese otro viaje en el que estuvo esta persona sospechosamente identificada como Lay Vásquez Castillo. En fin parece que todo esto va a ameritar una buena investigación respecto del uso del avión presidencial que incluya, por ejemplo, los viajes que ha venido haciendo el presidente para las sesiones descentralizadas del consejos de ministros, para entender también a quiénes se llevaba a esos eventos.

Dicho sea de paso, simplemente para complementar la información, además de la Comisión de Fiscalización, la que también solicitaría explicaciones sobre este tema es la Comisión de Defensa del Congreso, según anunció su presidente, el congresista de Avanza País Diego Bazán. Esta comisión también quiere citar al ministro de Defensa, al comandante general de la FAP y además al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. Aquí cabe mencionar que al ministro de Defensa Daniel Barragán se le quiere citar también a la comisión de Defensa, concretamente por pedido del congresista de Renovación Popular José Cueto, para que dé explicaciones sobre su vinculación con Antauro Humala, habida cuenta de que formó parte de la plancha presidencial de este último en la candidatura del 2021 de la que finalmente fue excluido Humala por impedimentos legales. Fue antes también asesor de la bancada de UPP vinculada a Humala en el congreso corto del 2020 al 2022. Cueto se refirió a Barragán como (abro comillas) una persona que está allegada a otra persona con serios cuestionamientos de asesinato, una persona que ha sido sentenciada por ello, sobre todo contra las fuerzas del orden (cierro comillas). Sobre Antauro Humala, estoy viendo videos de algunas intervenciones públicas que está teniendo ahora que ha salido de la cárcel, y su discurso es francamente incendiario. Está literalmente diciendo que va a liderar una revolución, refiriéndose a su hermano Ollanta Humala como un traidor y cosas por el estilo. Protagonizó un incidente en Puno al llegar tarde para una entrevista radial con Exitosa y se puso violento con los periodistas. Ya les he comentado esto antes, pero desde mi óptica al menos es claro que Antauro Humala es un riesgo muy serio a la democracia peruana, un político totalitario que puede sintonizar bien con el pedido de mano dura que seduce a una parte no menor de los electores y que además puede capitalizar la decepción de un sector del electorado respecto del gobierno de Pedro Castillo por el cual votó. Creo que hay personas que entienden este riesgo pero creen que lo único que se necesita para enfrentarlo es aprobar una ley que agregue impedimentos para postular a la presidencia de la República, sacando así de carrera a Antauro. Eso no solo no es suficiente, sino que si no va a acompañado de algo más, va a terminar victimizando y, por tanto, favoreciendo al propio Antauro. Tampoco ayuda una reacción puramente emocional o hasta histérica frente a este riesgo. Este es un peligro que se tiene que enfrentar inteligentemente, con estrategia política. Es cuando uno esperaría, pues, que haya buenos políticos del otro lado con la legitimidad suficiente para defender a la democracia de personajes totalitarios. Pero si hay algo que no se ha sabido -que no hemos sabido- hacer bien en este país es asegurar que los políticos llamados a defender la democracia, sean pues personas u organizaciones con legitimad propia. Es decir, hemos dejado la defensa de la democracia, del sistema de libre mercado y de otras cosas valiosas en manos de personas y organizaciones que incluso se comportan de manera delictiva, y esto se ha tolerado pensando que bastaba, que era suficiente para pasar el rato. Pero ahora sí aparece un aspirante a dictador y, literalmente, no hay quien se le ponga al frente.

Otro político que ya parece haber perdido el sentido del decoro es Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú. En un mitin en la Plaza San Martín, insultó a la periodista Juliana Oxenford, calificándola de desgraciada e histérica y cuestionándola por su nacionalidad. Hay que tener en cuenta aquí que el problema que enfrenta Alegría por la serísima acusación que ha ratificado su hijo va mucho más allá de lo que pueda pasar con su candidatura a la municipalidad metropolitana de Lima.

En el caso de Yenifer Paredes, la cuñada e hija adoptiva del presidente Castillo, el Poder Judicial ratificó en segunda instancia la decisión de declarar improcedente el hábeas corpus presentado por Yenifer Paredes para que se inaplique el mandato de prisión preventiva en su contra. Dicho en sencillo, Yenifer Paredes seguirá en la cárcel cumpliendo su mandato de 30 meses de prisión preventiva.

Y un último tema en el que nuevamente se ha desatado una polémica por una declaración de la ex presidente del Congreso Maricarmen Alva. Ahora como presidenta de la comisión de relaciones exteriores, responsabilidad para la cual no parece tener un expertise identificable, Alva dijo que (abro comillas) todos sabemos que la República Saharahui son 40 carpas en un territorio de Argelia (cierro comillas). Dijo esto en la sesión en la que de le pedía explicaciones al canciller César Landa sobre por qué el presidente Castillo había hablado de darle reconocimiento a esta nación en su discurso ante Naciones Unidas. Si me permiten aquí compartir una opinión personal, yo creo que sí hay una discusión válida en el trasfondo sobre si corresponde o no según derecho internacional reconocer a la República Árabe Saharahui y sobre si es coherente con la política exterior peruana hacerlo. Yo me declaro inexperto en el tema así que sugiero considerar, más bien, la explicación que pueda dar nuestro podcast Farid Kahhat al respecto. Pero lo que sí me resulta evidente, es que un estado reconocido al menos por 41 países miembros de la ONU, que disputa 266 mil kilómetros cuadrados de territorio y tiene más de 600 mil habitantes, no son pues, 40 carpas en el desierto. Aun cuando la decisión de política pública sea no reconocer a este Estado, ¿qué necesidad tiene la presidenta de la comisión de relaciones exteriores del Congreso, nada menos, de expresarse de manera tan despreciativa de esta nación, equivocándose además en la alusión a Argelia? Hace notar, una vez más, cuán limitados son nuestros políticos en el entendimiento de temas sobre los cuáles son responsables, sea en el Ejecutivo o, en este caso, en el Legislativo. Como les digo, más allá de que pueda haber una discusión de fondo válida, de todas maneras podríamos tratar estos temas con un poco más de responsabilidad y, valga la redundancia, diplomacia.